Parlamento aprueba ley para favorecer a los contribuyentes

En el mes de febrero, el Ministerio de Economía anunció la presentación de un proyecto de ley orientado a: (i) reducir los costos de cancelación de deudas tributarias, y (ii) fortalecer los derechos de los contribuyentes.

Dicho proyecto de ley acaba de ser aprobado por el Parlamento con el No. 19.631 (la “Ley”).

Uno de los cambios más importantes está relacionado con la derogación de la facultad de la DGI de suspender el certificado de estar al día con el pago de impuestos. Hasta ahora, la DGI automáticamente suspendía la vigencia de dicho certificado una vez transcurridos tres (3) meses desde que el contribuyente recibía un embargo judicial. Dicha suspensión significaba, para el contribuyente, la imposibilidad de: (i) solicitar un préstamo bancario, (ii) importar/exportar, (iii) operar como proveedor del Estado, (iv) vender u ofrecer en garantía inmuebles y vehículos, (v) distribuir dividendos, y (vi) reformar sus estatutos. Dicha potestad de la DGI era cuestionada por parte de la doctrina, por tratarse de una forma de presión indebida sobre el contribuyente para que pagara el impuesto reclamado, aun cuando dicho contribuyente considerara el reclamo como injustificado (todo ello en desmedro del principio de presunción de inocencia). De ahora en adelante, la DGI no podrá hacerlo más.

No obstante tratarse de una ley dirigida principalmente a beneficiar a los contribuyentes, alguna de sus disposiciones amplía los poderes de la DGI. Según la nueva Ley, la DGI estará habilitada a solicitar la clausura de una empresa, aun cuando no sea presumible la defraudación. En aquellos casos en que el contribuyente no hubiese emitido facturas o las hubiese emitido por importes menores a los reales, la DGI estará eximida de presentar prueba que permita presumir la configuración de una defraudación. En opinión sostenida por el TCA, la mera omisión de emitir facturas no configura una defraudación.

Sin perjuicio del aspecto antes mencionado --que beneficia a la Administración--, cabe reconocer que la Ley elimina otro aspecto (también criticable) asociado con la facultad de la DGI de solicitar la clausura de la empresa. Y es que la normativa hasta ahora vigente autorizaba a la DGI a llevar adelante dicha clausura incluso sin la respectiva y previa orden judicial. De ahora en adelante, no lo podrá hacer más; necesariamente deberá recabar la resolución expresa de un juez.

La Ley también deroga una disposición (hasta ahora vigente) que establecía que el TCA estaba impedido de anular todo acto administrativo dictado por la DGI que resolviese denunciar penalmente a un contribuyente por delito de defraudación. También hay que reconocer que dicha disposición en realidad ya había sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.

Otros cambios tienen relación con los recargos por mora generados por el incumplimiento en el pago de un impuesto.

Por un lado, la Ley establece que el Poder Ejecutivo tendrá la facultad (que podrá ejercer o no) de no capitalizar los recargos por mora (en principio, los recargos se capitalizan cada cuatro (14) meses, y así pasan a generar más recargos). En la medida que el Poder

Ejecutivo ejerza dicha potestad, los recargos no se capitalizarían, pero recién una vez cumplidos cinco (5) años contados desde el vencimiento del plazo para el pago del impuesto en cuestión.

Y por otro lado, la Ley también establece que, en caso de que el TCA anule una resolución (de reliquidación de adeudos) por razones formales, la DGI no podrá cobrar recargos por el tiempo transcurrido entre el momento en que se produjo el vicio formal y la notificación de la nueva resolución que subsana dicho vicio. Hasta ahora sí podía hacerlo (por ejemplo cuando la Administración omitía otorgar vista previa al contribuyente), lo cual era criticado -- pues el contribuyente terminaba soportando los costos derivados del error cometido por la DGI-- incluso por alguno de los integrantes del TCA. Nos referimos en particular al recientemente fallecido Dr. Juan Pedro Tobía. 

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