A fines del pasado año, el Parlamento uruguayo sancionó una ley de promoción del trabajo de personas con discapacidad ("la Ley").
La Ley promueve -y obliga- la contratación de personas con discapacidad en todo nuevo ingreso de personal en aquellas empresas de actividad privada que cuenten con 25 o más trabajadores permanentes en su planilla de trabajo de acuerdo al esquema que luce al pie.
Entre otros, la Ley prevé: (i) exoneraciones graduales a los aportes jubilatorios patronales hasta el tercer año de la aplicación de la Ley; (ii) indemnización especial si el despido de una persona con discapacidad no obedeciera a una causa razonable relacionada con la conducta del trabajador o en las necesidades de la empresa; y (iii) derecho del trabajador a solicitar una licencia sin goce de sueldo de hasta tres meses anuales siempre que el motivo de esta solicitud estuviese directamente relacionado con su discapacidad.
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El pasado 27 de noviembre de 2018, el Juzgado Letrado de Concursos de 1er Turno, declaró el concurso necesario de la empresa Estancias del Uruguay S.A., inscripta en la Dirección General Impositiva con el RUT número 215012730018. La empresa se dedica entre otras cosas, a captar inversores para invertir en tierras, ganado y capital circulante en dólares o kilo de novillo gordo.
Al día de hoy la empresa se encuentra impedida de celebrar nuevos contratos y contraer nuevas obligaciones. La Liga de Defensa Comercial fue designada como síndico para administrar y disponer de los bienes. La junta de acreedores ha sido convocada para el día 20 de junio a las 14:30 pm.
Los acreedores podrán comparecer a denunciar sus créditos hasta el día 6 de marzo de 2019.
Bergstein está siguiendo este proceso a través de su Departamento Contencioso. Si Ud. o su empresa mantuvieren créditos pendientes de pago contra Estancias del Uruguay S.A., estamos a disposición para brindar el asesoramiento del caso, y eventualmente promover las medidas que fuere menester tendientes a recuperar su crédito.
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El miércoles 2 de enero, el diario El País recogió en la sección negocios, una entrevista realizada al Dr. Guzmán Ramírez, integrante del Departamento Tributario de la Firma, titulado "Cambios financieros que rigen desde 2019". El artículo recoge las modificaciones que se implementarán en zonas francas y en los reportes bancarios.
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A diferencia de lo que sucede en otros impuestos, en materia de IRAE -el impuesto a la renta de las empresas- la responsabilidad de los directores de una sociedad anónima ("SA") es objetiva: el Director responde personalmente por la deuda tributaria emergente del impuesto y sus recargos, con total prescindencia de la diligencia o negligencia con la cual el Director pudiere haber actuado.
Por lo mismo, la vida profesional es rica en situaciones en las cuales, aun cuando en los hechos el Director se encontrare desvinculado de la SA, y no obstante los esfuerzos de éste por documentar ese mismo alejamiento, la Administración igualmente pretende responsabilizarlo por las deudas por IRAE. Vale decir, se trata de casos en que el Director formalmente continúa figurando como tal (tanto en los libros de la SA como en los registros de la DGI).
Es ése precisamente el caso fallado en una reciente sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ("el TCA"). El Director -y actor en el juicio- esgrimía haberse desligado totalmente de la SA, al punto que desconocía su operativa. Motivo por el cual alegaba que "esa realidad es la que debía primar a la hora de atribuir responsabilidad solidaria a las personas físicas".
El TCA no le dio la razón y en su lugar hizo prevalecer la postura de la DGI. El Tribunal hizo hincapié en la ausencia de una Asamblea de Accionistas que hubiera aceptado la renuncia al cargo. En palabras del Tribunal, la desvinculación "de hecho" de la sociedad es insuficiente para liberar al Director de responsabilidad. Dijo el TCA: "si infructuosamente trató de viabilizar su renuncia, lo cierto es que no agotó las vías que el Derecho pone a su disposición para ello. Si su socio se negaba a convocar a una Asamblea para aceptarle la renuncia, podía haber convocado a esta última Asamblea por la vía judicial o bien a través de la Auditoria Interna de la Nación".
En síntesis: a los efectos del IRAE, la desvinculación de hecho no alcanza para poner punto final a la responsabilidad del Director; si se nos permite el giro, el "taxímetro seguirá corriendo" hasta tanto el Director haya agotado los mecanismos que la ley de sociedades establece a esos efectos.
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El pasado 21 de diciembre fue promulgada la Ley Nº 19.726 (“la Ley”) que modifica sustancialmente el régimen de Responsabilidad Decenal del artículo 1844 del Código Civil.
La redacción anterior preveía la responsabilidad del arquitecto y del constructor de una edificación por espacio de diez años –de ahí la denominación de responsabilidad decenal-, por vicios de la construcción, del suelo o por la mala calidad de los materiales empleados.
La nueva redacción pretende aggiornar el régimen de responsabilidad decenal a fin de adecuarlo a los nuevos avances tecnológicos operados en la industria de la construcción.
En lo sustancial, la nueva redacción dada al artículo 1844 establece un determinado régimen de responsabilidad para los arquitectos, ingenieros, constructores y empresarios que participen en la construcción de un edificio (“los Sujetos Responsables”), en función de la entidad de la afectación de este.
(i) Si los vicios o defectos afectan, en todo o en parte, la estabilidad o solidez del edificio o lo hacen impropio para el uso pactado expresa o tácitamente, o para el que normalmente se destina, los Sujetos Responsables serán responsables por el término de diez años.
(ii) Por los demás defectos o vicios, con excepción de los que solamente afecten elementos de terminación o acabado de las obras, el plazo de la responsabilidad será de cinco años.
(ii) Si los defectos o vicios afectan elementos de terminación y acabado de obras, el plazo de la responsabilidad será de dos años.
Cabe agregar que una vez nacida la acción por haberse manifestado el vicio o el defecto dentro de los plazos indicados en los numerales (i), (ii) o (iii), el damnificado tiene un plazo de cuatro años para accionar, a diferencia del régimen anterior que preveía un plazo de prescripción de veinte años.
Próximamente estaremos ampliando la información.
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