Un antiguo aforismo del mundo del Derecho, reza que quien escribe claro, piensa claro. La referencia viene a cuento de aquellas demandas en que más allá de dejar claro que hay un sujeto que está demandando a otro, son inespecíficas a la hora de explicitar el motivo del reclamo. El caso comentado en esta oportunidad lo ejemplifica cabalmente.
Una renombrada empresa tabacalera de plaza fue severamente multada por el Ministerio de Salud Pública (“el Ministerio”) por incumplir las normas vigentes de publicidad de tabaco y cigarrillos. Más precisamente, un salón con local abierto a la calle (Av. Rivera), contaba con una amplia marquesina exterior, con el nombre, logo, terminología, colores y señales distintivas de una conocida marca de cigarrillos. Y dado que el fabricante es responsable por las violaciones a la reglas de publicidad anti-tabaco, el Ministerio le multó, partiendo de la premisa que, en tanto fabricante, sería una empresa naturalmente solvente.
Interpuestos los recursos administrativos correspondientes ante el Ministerio, la tabacalera promovió una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (el “TCA”) (en aras de dejar sin efecto el acto administrativo que le impuso la multa). En su defensa, el Ministerio alegó precisamente que el fabricante es el principal responsable por todos los medios de publicidad y promoción de los productos de tabaco y como tal debe responder.
El TCA rechazó la demanda y le dio la razón al Ministerio. Pero lo curioso del caso está en el fundamento del fallo: el TCA no rechazó la demanda por los argumentos en ella expuestos, sino más bien por su falta de argumentos; esto es, por no haber explicado las circunstancias de hecho ni fundamentos de derecho que sustentaban la demanda. EL TCA remató con las palabras de un recordado magistrado compatriota: “Una demanda anulatoria que no indica la lesión que le provoca el acto (…) en forma clara y concreta, (…) exterioriza manifiesta infundabilidad de la pretensión”.
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Las empresas multinacionales, instaladas en Uruguay, tienen plazo hasta el próximo 31 de marzo para presentar --ante la DGI-- información sobre todas sus sucursales y otras entidades vinculadas alrededor del mundo.
Dicha información deberá incluirse en el denominado “Informe País por País” (el “Informe”), exigido por la OCDE. La obligación de presentar dicho Informe está limitada a aquellas empresas multinacionales que generen ingresos anuales --a nivel global-- superiores a los EUR 750.000.000.
Cuando sus ingresos superan dicho guarismo, las empresas multinacionales deberán presentar (en Uruguay) el Informe País por País, siempre y cuando dicho mismo Informe no haya sido presentado en alguna otra jurisdicción con la que Uruguay mantenga en vigor un acuerdo de intercambio de información. Para la eventualidad que el Informe hubiere sido presentado en otra jurisdicción con la que Uruguay intercambia información, las empresas multinacionales deberán presentar (sustitutivamente, y también antes del 31 de marzo) una declaración jurada --ante DGI-- a efectos de identificar: (a) la entidad encargada de presentar el Informe, (b) la entidad controlante del grupo multinacional, y (c) las demás entidades del mismo grupo radicadas en Uruguay (en la medida que las hubiese).
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En un reciente
pronunciamiento, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno (el
“Tribunal”) tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el instituto de la compensación
y su aplicación en el área tributaria.
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La Dirección General Impositiva (DGI) dio a conocer
su respuesta a la Consulta Nº 6180, en la que se pronuncia sobre el tratamiento
a los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) respecto de ciertos
materiales que habían sido introducidos a un recinto portuario con el fin de
ser incorporados en una obra y que luego, en virtud de que la obra no pudo
concretarse, se pretendió que volvieran al mercado interno para ser allí
comercializados.
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El próximo 30
de abril vence el plazo para la presentación de la Declaración Jurada Anual de
FONASA (“la DJ”) correspondiente al año 2018 por parte de personas físicas
residentes que prestan servicios personales
fuera de la relación de dependencia.
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