El reclamo por horas
extras y horas retén incrementaron sustancialmente el monto demandado por un
trabajador contra una reconocida empresa para la cual prestaba servicios como
jefe de tecnologías de la información. Ante el reclamo, la empresa construyó la
base de su defensa sobre el controversial Decreto No. 611/980. Argumentó que,
por más de que formalmente no ostentara un cargo gerencial, el empleado debía
ser considerado "personal superior" y la normativa nacional
determinaba la no limitación de su jornada de trabajo.
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La Ley No. 19.973 (“la
Ley”) deroga la ley No. 19.133 y otorga un nuevo marco jurídico destinado a
facilitar el acceso a la actividad laboral remunerada y promover la
capacitación y formación profesional de (i) jóvenes de entre 15 y 29 años; (ii)
mayores de 45 años; y (iii) personas con discapacidad.
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El límite establecido
en el art. 2 de la Ley No. 19.926 para el uso del subsidio por desempleo una
vez vencido el plazo de un año (previsto en el Decreto Ley No. 15.180) generó
críticas e inconsistencias en la situación de varios trabajadores. En ese
contexto, el Parlamento aprobó la Ley No. 19.972 (“la Ley”).
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El 10 de agosto fue promulgada
la esperada Ley No. 19.978, destinada a regular el teletrabajo en Uruguay (“la
Ley”). Si bien existen aspectos a ser pulidos en su decreto reglamentario –y
otros tantos a ser delineados con ayuda de la doctrina y jurisprudencia laboralista-,
veamos sus principales aspectos:
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Como consecuencia de la
emergencia sanitaria y mientras esta se encuentre vigente, la Dirección General
de Comercio (Área Zonas Francas) resolvió autorizar temporalmente la
prestación de servicios en forma remota a los trabajadores de zonas francas
(recordemos que La Ley de Zonas Francas -Ley No. 15.921- dispone la realización
de actividades únicamente dentro del territorio franco, salvo limitadas
excepciones).
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