Newsletters/Administrativo & Regulatorio

Los Gestores de Portafolios: ¿Un Nuevo Corset?

Al igual que sucede con los límites que separan la oferta pública de valores de la oferta privada, los contornos de las diversas actividades de asesoramiento financiero enmarcadas el ámbito de la banca privada -representaciones, intermediarios de valores, asesores de inversión, etc.-, han sido objeto de controversia permanente. ¿Pueden organizar seminarios? ¿Pueden auspiciar un evento? ¿Pueden recoger los formularios de apertura de cuenta? ¿Están obligados a informar a la DGI los saldos en cuenta en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el intercambio automático de información?
 
En ese marco, una reglamentación del BCU de Enero del presente año ha creado la figura del llamado gestor de portafolios.  Esa misma reglamentación ha definido al gestor de portafolios como aquella persona que, en forma profesional y habitual, administra -de manera discrecional e individualizada - las inversiones de terceros, con poderes suficientes para ello, y sin encontrarse alcanzada por otra figura supervisada por el BCU. 
 
Quiere decir que el gestor de portafolios, además de brindar un asesoramiento, puede gestionar portafolios de clientes y canalizar sus órdenes de clientes.  Tareas éstas que están vedadas al asesor de inversiones.
 
Por lo mismo, en la medida en que el espectro de actividades del gestor de portafolios es más amplio, las exigencias para otorgar la respectiva licencia son mayores, y mayores son también sus responsabilidades.  Sólo pueden ser gestores de portafolios las sociedades comerciales -excluyéndose pues a las personas físicas-, otra circunstancia que distingue a la figura de los asesores de inversión-.
 
En paralelo, la misma reglamentación ha otorgado a los asesores de inversión, un plazo  -vencido el pasado 30 Junio 2019-  a efectos de adecuar su actividad al nuevo marco, es decir, a efectos de que el asesor de inversiones excluya de su espectro de actividades aquellas que ahora caracterizan al gestor de portafolios, a saber, la gestión de inversiones y la canalización de órdenes de compra.
 
En suma, algo más de lo mismo: nuevas regulaciones  -y mayores costos- en el ámbito de la alicaída industria financiera.  

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¿De Qué se Trata la Ley de Medios? – Se Reglamentó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Un par de semanas atrás fue reglamentada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (“la Ley”) promulgada hace más de cuatro años y objeto de gran controversia en la opinión pública. De hecho, luego de sancionada la Ley, varios de sus disposiciones fueron blanco de múltiples acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (“SCJ”) -algunas de las cuales fueron favorablemente acogidas - invocando que la Ley pone en jaque derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de trabajo o el principio de igualdad.  
 
Nuestra pregunta es mucho más simple: ¿qué es la Ley de Medios? Es la ley que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en Uruguay, regulando sus contenidos, y su publicidad. También pone un límite a la cantidad de medios de comunicación que una misma persona o personas pueden poseer, con miras a evitar la concentración de la titularidad de esos medios en pocas manos.
 
La reglamentación de la Ley –que consta de casi 90 artículos- ha disciplinado una multiplicidad de aspectos concretos, algunos de los cuales reseñamos a continuación: la promoción de contenidos dirigidos a la infancia y a adolescencia; la obligación de los servicios de TV abierta de incluir en un recuadro (dentro de la imagen) un intérprete de lengua de señas en tiempo real; para ciertas actividades internacionales oficiales, se establece la obligatoriedad de difundir en vivo y en directo las instancias finales y semifinales en que participe la selección nacional; la obligatoriedad de incluir un cierto porcentaje de contenidos de producción nacional, tanto en la programación radial como en la televisiva, entre otros temas.
 
Es posible que la reglamentación que hoy comentamos haya arrojado algo de en torno a algunos puntos de la Ley; pero con seguridad ha creado otras tantas cuestiones que darán para mucho más.

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Manual de Etiquetado de Alimentos

Recientemente les comentamos acerca del decreto del Poder Ejecutivo que estableció nuevas exigencias para el rotulado de alimentos (el “Decreto”), modificando de esa manera el Reglamento Bromatológico Nacional.  

En esa línea, el Ministerio de Salud Pública confeccionó un manual a los efectos de proporcionar directrices a las empresas productoras e importadoras de alimentos envasados, para la mejor aplicación del Decreto (el “Manual”).

De acuerdo a lo establecido por el Decreto y el Manual, la obligatoriedad del rotulado frontal del alimento se configura cuando se cumplen acumulativamente los siguientes requisitos:

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La Graduación de las Multas Administrativas: ¿Discrecionalidad, Arbitrariedad o Mera Recaudación?

Vivimos en la era de los registros. Todo es objeto de registraciones múltiples, llámese inscripción de estados contables, registro de beneficiarios finales, o inscripción de “sujetos obligados” en materia de prevención, por citar algunos de los ejemplos más salientes. Esas obligaciones no vienen solas. Porque su incumplimiento conlleva sanciones, a veces muy gravosas. Por eso la consulta profesional es recurrente: ¿a qué sanciones me expongo? ¿a cuánto puede ascender la multa? Y es aquí donde la respuesta del abogado resulta ineludiblemente vaga. Porque las normas que crean esos registros suelen establecer un amplio margen de discrecionalidad de la Administración (para la imposición de penalidades), que fija la sanción moviéndose entre mínimos y máximos con bastante laxitud. El caso que nos ocupa trató estas cuestiones. Una conocida empresa de plaza sufrió una inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (“MTSS”). Constatado un apartamiento de la empresa – en el caso: a las normas de higiene laboral – el MTSS le impuso una abultada multa. La empresa se agravió esgrimiendo que el Ministerio había ido directamente a la multa, cuando en verdad la ley prevé un orden de prelación de sanciones (de menor a mayor) que debió haberse respetado: apercibimiento, amonestación multa y sanción. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (“el Tribunal”) rechazó el agravio y le dio la razón al Ministerio. En opinión del Tribunal, la graduación de la sanción es materia que cabe dentro del margen de discrecionalidad de la Administración. Por tanto, basta que la sanción atienda mínimos parámetros de razonabilidad, para que se tenga por válidamente impuesta.

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Buena Fe y Derecho Tributario (Una Aproximación a la Jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administra

El pasado 11 de diciembre se realizó la presentación de la obra “Buena Fe y Derecho Tributario (Una Aproximación a la Jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo)” del Dr. Jonás Bergstein. La presentación estuvo a cargo de los profesores Dr. Alberto Faget y Dr. José Gomez Leiza. El acto tuvo lugar en el Auditorio de la Universidad ORT del Uruguay, de la mano de la Ley Uruguaya.”

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