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El Pirata de Parche Negro y La Empresa Multinacional: La Protección Jurídica de la Inversión Extranjera

Pocas veces los tratados internacionales de protección de inversiones han tenido ocasión de llegar a los tribunales de nuestra Justicia ordinaria. El caso que hoy nos convoca es la excepción que confirma la regla. Una empresa italiana especializada en gestión de centros hospitalarios (“el Inversor”) había sido contratada por el Hospital Italiano (“HI”). Ese mismo Inversor había aportado fondos de capital necesarios para el funcionamiento de aquél. Este aporte, a su vez, fue garantizado mediante la cesión de crédito del HI contra ASSE. No obstante las garantías existentes, el Inversor perdió casi la totalidad de su inversión. En efecto, el Estado Uruguayo decidió intervenir el Hl (a través del Poder Ejecutivo), desplazar sus autoridades por interventores y posteriormente solicitar el concurso ante la Justicia. Adicionalmente, una vez decretado el concurso, el magistrado actuante rescindió las cesiones de crédito a favor del Inversor, al amparo de las previsiones de la Ley de Concursos. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia (“la SCJ”) que rechazó el reclamo del Inversor. Primero, porque entendió que la intervención administrativa del HI no encuadra dentro del supuesto de trato injusto o inequitativo respecto del inversor extranjero: se trata de una potestad connatural al Estado que en modo alguno puede considerarse un quebrantamiento del deber de trato justo y equitativo. Y segundo, porque, en opinión de la Alta Corte, la facultad de rescindir los contratos de cesión (al amparo de la Ley de Concursos) tampoco se perfila como un error grosero o inexcusable susceptible de hacer incurrir en responsabilidad al Estado, al amparo de un tratado de protección de inversiones. En suma: un fallo vanguardista que seguramente va a dar que hablar.

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El Crimen Pasional y la Responsabilidad del Estado: ¿Quién Responde por los Actos Violentos de los Policías?

O la sociedad está cada vez más violenta, o en el pasado “todo se tapaba”. Cualesquiera sean las razones, lo cierto es que la violencia doméstica ha pasado a formar parte del paisaje de nuestra sociedad. Y no sólo de ella: también de los casos que se ventilan ante nuestra justicia civil. El asunto que nos convoca así lo refleja. Una joven fue asesinada por su concubinario, un agente de policía. El fatal desenlace tuvo lugar en el hogar que los concubinarios compartían; el victimario vestía de uniforme y empleó su arma de reglamento. Los familiares de la víctima (los dos padres, sus cuatro hermanos y sus dos hijos menores) demandaron al Estado (más concretamente: al Ministerio del Interior). Siendo el perpetrador insolvente, la cuestión no tardó en salir a la luz: ¿debe el Estado responder civilmente por los actos violentos de sus policías? El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia (“la SCJ”) que descartó la responsabilidad del Ministerio. En opinión de la SCJ, no hay responsabilidad del Estado cuando la situación encuadra dentro de lo que se llaman “actos personalísimos del funcionario”; es decir, aquellos actos que son ajenos a la función -- aunque puedan haberse realizado durante las horas de oficina o en locales de la Administración --, porque no constituyen actos o hechos de ejecución de los servicios, sino que responden a la actuación individual y privada del funcionario y no del Estado como tal. Pocas veces tan acertado el conocido aforismo: dura lex sed lex.

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Modificación a la Responsabilidad Decenal: Arquitectos, Constructores, Ingenieros y Empresarios de Parabienes

El pasado 21 de diciembre fue promulgada la Ley Nº 19.726 (“la Ley”) que modifica sustancialmente el régimen de Responsabilidad Decenal del artículo 1844 del Código Civil. La redacción anterior preveía la responsabilidad del arquitecto y del constructor de una edificación por espacio de diez años –de ahí la denominación de responsabilidad decenal-, por vicios de la construcción, del suelo o por la mala calidad de los materiales empleados. La nueva redacción pretende aggiornar el régimen de responsabilidad decenal a fin de adecuarlo a los nuevos avances tecnológicos operados en la industria de la construcción. En lo sustancial, la nueva redacción dada al artículo 1844 establece un determinado régimen de responsabilidad para los arquitectos, ingenieros, constructores y empresarios que participen en la construcción de un edificio (“los Sujetos Responsables”), en función de la entidad de la afectación de este. (i) Si los vicios o defectos afectan, en todo o en parte, la estabilidad o solidez del edificio o lo hacen impropio para el uso pactado expresa o tácitamente, o para el que normalmente se destina, los Sujetos Responsables serán responsables por el término de diez años. (ii) Por los demás defectos o vicios, con excepción de los que solamente afecten elementos de terminación o acabado de las obras, el plazo de la responsabilidad será de cinco años. (ii) Si los defectos o vicios afectan elementos de terminación y acabado de obras, el plazo de la responsabilidad será de dos años. Cabe agregar que una vez nacida la acción por haberse manifestado el vicio o el defecto dentro de los plazos indicados en los numerales (i), (ii) o (iii), el damnificado tiene un plazo de cuatro años para accionar, a diferencia del régimen anterior que preveía un plazo de prescripción de veinte años. Próximamente estaremos ampliando la información.

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Buena Fe y Derecho Tributario (Una Aproximación a la Jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administra

El pasado 11 de diciembre se realizó la presentación de la obra “Buena Fe y Derecho Tributario (Una Aproximación a la Jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo)” del Dr. Jonás Bergstein. La presentación estuvo a cargo de los profesores Dr. Alberto Faget y Dr. José Gomez Leiza. El acto tuvo lugar en el Auditorio de la Universidad ORT del Uruguay, de la mano de la Ley Uruguaya.”

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Accidentes de Tránsito y el SOA: ¿A Quién Corresponde Indemnizar?

La universalización del seguro de automóvil – usualmente conocido por sus siglas: SOA (Seguro Obligatorio de Automóviles) – sin duda ha representado un paso adelante en la tutela de la víctima. Sin embargo, los problemas interpretativos subsisten, especialmente cuando el reclamo se entabla por los sucesores o herederos. Vayamos al caso. A consecuencia de un espectacular accidente de tránsito, una mujer sufrió severísimas lesiones. Planteó su reclamo al SOA, que acogió su solicitud y le pagó una indemnización por los daños sufridos. Excepto que la víctima entendió insuficiente la reparación y promovió un juicio ante la justicia civil por los daños y perjuicios complementarios. A esa demanda se sumaron los familiares directos de la víctima, que reclamaron el daño moral que ellos también habían padecido. Entretanto, la victima falleció (como consecuencia de las lesiones) y los herederos ampliaron su demanda, para incluir los daños invocados por la mujer fallecida y que ahora, por sucesión, correspondían a los actores en el juicio. Esencialmente la cuestión jurídica quedó planteada en los siguientes términos: si los pagos efectuados por el SOA a la víctima debían imputarse a cuenta de la indemnización a percibir por los familiares. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia que le dio la razón a los reclamantes. Nuestro máximo órgano judicial afirmó con toda claridad que las reparaciones que el SOA abona refieren únicamente al daño personal padecido por la víctima del accidente (no así al que pudieren haber padecido los familiares). Por lo mismo, si en el caso concreto no hubo condena por daño moral sufrido por la propia víctima -como fue el caso-, no correspondía detraer suma alguna de la reparación a efectuarse a los familiares.

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