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El que Quiere Celeste, que le Cueste: El Divorcio, El Dinero y La Pensión Alimenticia

Es sabido que detrás de muchos divorcios hay consideraciones económicas de por medio -el dinero, ¿cuándo no?-. Por eso los juicios en materia de pensión alimenticia son moneda corriente en nuestros tribunales, especialmente cuando involucran la denominada “pensión congrua”:  es decir, aquella que permite a quien la recibe conservar en lo posible la posición que tenía durante el matrimonio.

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Escribe Claro, Piensa Claro – La Carga de la Claridad de la Demanda

Un antiguo aforismo del mundo del Derecho, reza que quien escribe claro, piensa claro. La referencia viene a cuento de aquellas demandas en que más allá de dejar claro que hay un sujeto que está demandando a otro, son inespecíficas a la hora de explicitar el motivo del reclamo. El caso comentado en esta oportunidad lo ejemplifica cabalmente. Una renombrada empresa tabacalera de plaza fue severamente multada por el Ministerio de Salud Pública (“el Ministerio”) por incumplir las normas vigentes de publicidad de tabaco y cigarrillos. Más precisamente, un salón con local abierto a la calle (Av. Rivera), contaba con una amplia marquesina exterior, con el nombre, logo, terminología, colores y señales distintivas de una conocida marca de cigarrillos. Y dado que el fabricante es responsable por las violaciones a la reglas de publicidad anti-tabaco, el Ministerio le multó, partiendo de la premisa que, en tanto fabricante, sería una empresa naturalmente solvente. Interpuestos los recursos administrativos correspondientes ante el Ministerio, la tabacalera promovió una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (el “TCA”) (en aras de dejar sin efecto el acto administrativo que le impuso la multa). En su defensa, el Ministerio alegó precisamente que el fabricante es el principal responsable por todos los medios de publicidad y promoción de los productos de tabaco y como tal debe responder. El TCA rechazó la demanda y le dio la razón al Ministerio. Pero lo curioso del caso está en el fundamento del fallo: el TCA no rechazó la demanda por los argumentos en ella expuestos, sino más bien por su falta de argumentos; esto es, por no haber explicado las circunstancias de hecho ni fundamentos de derecho que sustentaban la demanda. EL TCA remató con las palabras de un recordado magistrado compatriota: “Una demanda anulatoria que no indica la lesión que le provoca el acto (…) en forma clara y concreta, (…) exterioriza manifiesta infundabilidad de la pretensión”.

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“Aún No Conozco a mi Nuera, Pero por las Dudas, Ya No Me Gusta”: Conflictos Sucesorios entre Suegra y Nuera

Los conflictos con los familiares políticos -léase suegro, suegra, yerno, nuera, etc.- han acompañado a la humanidad desde épocas inmemoriales. De hecho, al decir figurado del Rabino Eliezer Shemtov, si es verdad que el primer hombre -Adán- vivió nada menos que 930 años, ello se debió, ante todo, a que no tenía suegra … (Porque de haberla tenido -reflexiona el Rabino- con seguridad habría vivido no menos de aproximadamente 1.100 o 1.150 años!). Esas relaciones conflictivas no han escapado a los estrados judiciales. La sentencia que hoy comentamos pertenece a ese género. En 1962, una señora ampliamente conocida en los círculos de la sociedad montevideana de la época -que a la postre resultó ser la demandante en el juicio- había donado a uno de sus hijos una parte de las acciones de un conocido canal de televisión. Sucedió que en el año 2003, el hijo, donatario de las acciones donadas y distinguido empresario de la prensa televisiva, falleció sin dejar descendencia. Para entonces, el donatario y su esposa hacía años estaban en posesión de las acciones donadas y en su virtud venían percibiendo pacíficamente los dividendos de esas acciones. En el 2007, luego de transcurridos 45 años de la donación, la madre del donatario (fallecido) demandó a su nuera para reclamar la restitución de las acciones donadas junto con las ganancias -acaso millonarias- que las acciones habían generado a partir de la muerte del hijo fallecido en el año 2003. El asunto llegó a nuestra Suprema Corte de Justicia (“la Corte”) que le dio la razón a la parte actora. Esto es, la Corte mantuvo la condena dictada contra la viuda (demandada en el juicio) a efectos de que proceda a la restitución de las acciones, dividendos e intereses hasta la fecha de su efectiva devolución. La Corte sostuvo que las donaciones realizadas en favor de un heredero forzoso, se presumen efectuadas en calidad de anticipo a cuenta de la legítima o cuota hereditaria (salvo que expresamente se hubiere estipulado que la donación corresponde a la parte de libre disposición). Por tanto, agregó la Corte, si el donatario falleció antes que el donante, desapareció su calidad de heredero forzoso, y en consecuencia la donación se resolvió automáticamente con su fallecimiento. En cuya virtud, los bienes entregados deben restituirse al donante.

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Mutualistas al Ruedo: Sálvese Quien Pueda!

En ocasión de un accidente de tránsito (“el Accidente”) es común que, para el reembolso de las sumas abonadas al asegurado (cubierto por el seguro), las empresas aseguradoras inicien acciones contra el causante del Accidente. En cambio, menos habitual es que las instituciones médicas (“las Mutualistas”) intenten el resarcimiento de los gastos incurridos en la atención de un socio que ha resultado lesionado por el Accidente (“los Gastos”). Pero sucede. El caso es bastante claro. Con motivo de un Accidente, una Mutualista debió atender a uno de sus socios afiliados, que había sufrido heridas graves a raíz del Accidente. Restablecido el paciente, la Mutualista accionó contra el causante del Accidente, para recuperar los Gastos. La Suprema Corte de Justicia (“la SCJ”) le dio la razón a la Mutualista. En opinión de la Alta Corte, los Gastos que abonan las Mutualistas en la atención de sus socios víctimas de Accidentes, configuran un daño resarcible para el centro asistencial: el responsable del ilícito debe reparar la totalidad del perjuicio ocasionado. Para la Corte, el tema se rige por los principios generales de responsabilidad civil: el que paga una deuda ajena, tiene una acción contra el causante del daño, en la medida en que éste se beneficia por el resarcimiento del perjuicio efectuado por un tercero (en éste caso: la Mutualista) El fallo ameritó una enjundiosa discordia. Todo hace pensar que, con seguridad, el tema dará para mucho más.

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El Pirata de Parche Negro y La Empresa Multinacional: La Protección Jurídica de la Inversión Extranjera

Pocas veces los tratados internacionales de protección de inversiones han tenido ocasión de llegar a los tribunales de nuestra Justicia ordinaria. El caso que hoy nos convoca es la excepción que confirma la regla. Una empresa italiana especializada en gestión de centros hospitalarios (“el Inversor”) había sido contratada por el Hospital Italiano (“HI”). Ese mismo Inversor había aportado fondos de capital necesarios para el funcionamiento de aquél. Este aporte, a su vez, fue garantizado mediante la cesión de crédito del HI contra ASSE. No obstante las garantías existentes, el Inversor perdió casi la totalidad de su inversión. En efecto, el Estado Uruguayo decidió intervenir el Hl (a través del Poder Ejecutivo), desplazar sus autoridades por interventores y posteriormente solicitar el concurso ante la Justicia. Adicionalmente, una vez decretado el concurso, el magistrado actuante rescindió las cesiones de crédito a favor del Inversor, al amparo de las previsiones de la Ley de Concursos. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia (“la SCJ”) que rechazó el reclamo del Inversor. Primero, porque entendió que la intervención administrativa del HI no encuadra dentro del supuesto de trato injusto o inequitativo respecto del inversor extranjero: se trata de una potestad connatural al Estado que en modo alguno puede considerarse un quebrantamiento del deber de trato justo y equitativo. Y segundo, porque, en opinión de la Alta Corte, la facultad de rescindir los contratos de cesión (al amparo de la Ley de Concursos) tampoco se perfila como un error grosero o inexcusable susceptible de hacer incurrir en responsabilidad al Estado, al amparo de un tratado de protección de inversiones. En suma: un fallo vanguardista que seguramente va a dar que hablar.

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