Newsletters/ Corporativo

Y Sigue la Ola Regulatoria: Es el Turno de los Medios de Pago

El pasado 28 Enero 2019 entró en vigor la Ley de Regulación del Sistema de Tarjetas de Débito, Crédito y afines (“la Ley”). Se trata del primer esfuerzo de sistematización en la materia para regular en su conjunto - la ley habla de “sistema”- lo que hasta ahora eran relaciones separadas: la del tarjeta-habiente con el banco emisor, la del comercio con la organización adquirente y la del adquirente con el comercio. Todo ello bajo una misma perspectiva (¿exclusiva y excluyente?): la protección del consumidor y del comercio. Eso explica alguna de las principales disposiciones de la Ley, a saber: • Los adquirentes deberán comunicar al Banco Central del Uruguay los modelos de contratos a ser suscritos con los comercios. • El comercio no podrá almacenar ningún dato personal o hábito de consumo correspondiente al usuario sin su consentimiento. • El emisor será responsable en los casos de clonación de tarjetas de crédito, siempre que el comercio hubiera cumplido con las obligaciones de seguridad que se le imponen. • Los contratos de tarjetas de crédito deberán incluir, entre otros, la tasa de interés sobre saldos deudores, la forma de cálculo de los recargos, el pago mínimo y la forma de imputar los pagos parciales.

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Tercer Entrega - El Oficial de Cumplimiento: Más Cargas para Las Empresas y Más Trabajo para los Profesionales

La Ley Integral Contra el Lavado de Activos y su reciente reglamentación, han explicitado el alcance de algunas de las obligaciones impuestas a entidades no financieras tales como los usuarios de zonas francas (directos e indirectos), a las inmobiliarias, a las empresas constructoras, a las universidades privadas, fundaciones y demás organizaciones sin fines de lucro (para nombrar algunos de los ejemplos más notables). A todas ellas se les impone -sin anestesia, si se nos permite el giro- un nuevo conjunto de responsabilidades (con la carga y el costo consiguiente). Hoy nos detendremos en una de ellas: la obligación de contar con el denominado oficial de cumplimiento. ¿Quién es el oficial de cumplimiento? Es la persona encargada de implementar el conjunto de obligaciones que las normas imponen en materia de prevención de lavado. Si bien las normas utilizan un lenguaje más sofisticado, en lo esencial esas obligaciones se traducen -expresado en términos más sencillos- en las siguientes tareas: - Preparación de un manual de cumplimiento (o sea: un documento que establezca el protocolo a ser observado en el manejo del dinero); - Confección de una carpeta con el perfil de cada cliente, incluida la revisión periódica de esas carpetas; - Planteo de mecanismos para mitigar el riesgo de lavado de activos y mejorar su control; y - Capacitación continua de los funcionarios encargados del recibo de fondos. Las empresas obligadas pueden ellas mismas (o sus funcionarios) asumir la calidad de oficial de cumplimiento. O bien pueden tercerizar el servicio a través de organizaciones especializadas. He aquí uno de los servicios que hemos comenzado a prestar a través de nuestro Departamento de Compliance: la actuación del Estudio en calidad de oficial de cumplimiento.

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Buena Fe y Derecho Tributario (Una Aproximación a la Jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administra

El pasado 11 de diciembre se realizó la presentación de la obra “Buena Fe y Derecho Tributario (Una Aproximación a la Jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo)” del Dr. Jonás Bergstein. La presentación estuvo a cargo de los profesores Dr. Alberto Faget y Dr. José Gomez Leiza. El acto tuvo lugar en el Auditorio de la Universidad ORT del Uruguay, de la mano de la Ley Uruguaya.”

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Se Reglamentó Ley Integral Contra el Lavado de Activos – Segunda Entrega – Organizaciones Sin Fines de Lucro

En el último Newsletter comentábamos acerca de la reglamentación (“el Decreto”) de la reciente ley integral para la prevención de lavados de activos (“la Ley”). Entre otros, la Ley ha ampliado el elenco de personas obligadas a cumplir e implementar la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (“los Sujetos Obligados”) para incluir en esa categoría a las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones, y en general cualquier organización sin fines de lucro (“Entidades”). El Decreto detalló el alcance de esta última obligación, para establecer que las referidas Entidades se considerarán Sujetos Obligados únicamente cuando al cierre del ejercicio tengan: (i) ingresos superiores al equivalente a (aprox.) USD 500.000, o bien (ii) activos por un valor superior a (aprox.) USD 322.000. Se trata de las mismas cifras que establecen los umbrales a efectos de determinar los casos en que las Entidades tienen la obligación de identificar a los beneficiarios finales ante el Banco Central del Uruguay. Las Entidades deberán designar a un Oficial de Cumplimiento y velar por la conservación de la información respaldante que permita prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas. Se trata de un servicio que Bergstein presta a través de su Departamento de Compliance. Por tanto las instituciones que así lo deseen podrán tercerizar esa función a través de nuestro Estudio.

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Se Reglamentó la Ley Integral Contra el Lavado de Activos – Primera Entrega

Días pasados el Poder Ejecutivo expidió la reglamentación de la reciente ley integral para la prevención de lavados de activos (“el Decreto”). El Decreto establece los lineamientos que deben regir la actividad de prevención y debida diligencia de las personas que, en función de su sector o industria, están sujetas al conjunto de obligaciones impuestas por la ley y el Decreto (“los Obligados”). En lo esencial, esas obligaciones refieren a los siguientes aspectos: • Evaluación de riesgos; • Elaboración de políticas y procedimientos para la administración del riego de lavado de activos; • Medidas de debida diligencia; • Conservación de registros; • Capacitación; • Designación de un Oficial de Cumplimiento, etc. El Decreto impone a los Obligados la inscripción en un registro de sujetos obligados que llevará la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (“la SENACLAFT”). La inscripción se realizará accediendo a la página web de SENACLAFT. Ello se acreditará a través de una constancia que el Obligado recibirá en su correo electrónico. Los Obligados deberán de mantener al día la información originalmente presentada, informando los cambios que a su respecto se verificaren.

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