La transferencia de cuotas sociales de una sociedad constituida en Uruguay y redomiciliada en el exterior genera una renta de fuente uruguaya (Consulta No 6.089 de 22 de junio de 2018).
Desde la sanción de la Ley de Inclusión Financiera, y con el fin de establecer condiciones que favorecieran una rápida implementación de esta, el Poder Ejecutivo, a través de sucesivos decretos, ha promovido las inversiones en equipos de procesamiento electrónico de pagos (POS) mediante el otorgamiento de diversos beneficios tributarios.
La Ley de Rendición de Cuentas del año pasado estableció la obligación de las empresas online de pagar impuestos en Uruguay cuando sus clientes estuviesen localizados en territorio uruguayo. La Ley también estableció una diferencia entre las empresas que prestan servicios y las que intermedian entre la oferta y la demanda. Tanto unas como otras estarían obligadas a pagar IVA e IRNR; la diferencia radicaría en que las empresas que prestan servicios (por ejemplo, Netflix y Spotify) siempre tributarían sobre el 100% de sus ventas (a la tasa del 12%), mientras que las que intermedian entre la oferta y la demanda (Uber y Airbnb, por ejemplo) podrían hacerlo sobre el 50% de sus ventas, en cuyo caso la tasa efectiva sería del 6%.
Es sabido que todos los años los contribuyentes de IRPF están obligados a presentar declaración jurada en DGI. De hecho, algunos contribuyentes ya comenzaron a hacerlo este año, con el fin de reportar los ingresos recibidos en e 2017.
Un funcionario de una asociación civil recibió en 2017 un premio por cumplir 40 años trabajando en dicha institución; el premio equivalía a dos (2) meses de sueldo. En su opinión, un porcentaje de dicho premio no estaba gravado por Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), conforme el criterio de lo devengado.