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La Palabra Mágica: Compliance – Reglamentación de la Ley contra el Terrorismo

Si 15 años atrás hubiéramos mencionado a un abogado la palabra “compliance”, con seguridad nos habría dicho que jamás había escuchado esa expresión.  Hoy es el pan nuestro de cada día.
 
La reflexión viene a cuento de la publicación  -semanas atrás-  de la reglamentación de la Ley contra el Terrorismo, oportunamente comentada desde este mismo Newsletter.  En aquella ocasión decíamos que la Ley ponía énfasis en las listas internacionales de personas bajo sospecha, fundamentalmente por estar asociadas a organizaciones terroristas o vinculadas a la financiación de armas. La Ley imponía a los “sujetos obligados” la obligación de proceder al congelamiento de los fondos de las personas que estuvieren incluidas en las famosas listas (y con quienes el “sujeto obligado” trabare relación).
 
El reciente Decreto precisa algunos aspectos de esa obligación, tal como se detalla seguidamente.
 
El Decreto impone a los “sujetos obligados” la obligación de controlar y verificar continuamente las listas de ONU de personas bajo sospecha (y sus recurrentes modificaciones y actualizaciones).  Esas listas serán de consulta pública a través de la página web del BCU y de la SENACLAFT.  Si en el curso de su actividad los "sujetos obligados" identificaran una persona incluida en esa lista, los "sujetos obligados" deberán congelar los fondos de esas personas, y comunicarlo de inmediato al BCU, que a su vez lo informará a la Justicia para que ésta ordene el mantenimiento del congelamiento (o en su caso su finalización).
 
El Decreto detalla los casos excepcionales en que la Justicia podrá autorizar el acceso a los fondos congelados –por ejemplo: para cubrir necesidades básicas de la persona identificada o de sus familiares-.  Y también especifica los casos en que se debe proceder al descongelamiento (así, cuando la persona es excluida de las listas de la ONU).

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Financiamiento del Terrorismo: Nuevas Obligaciones

Esta semana se publicó en el Diario Oficial la ley contra el financiamiento del terrorismo (la “Ley”). 

La Ley identifica -como personas obligadas al cumplimiento de sus obligaciones- a los mismos sujetos obligados establecidos por las normas en materia de prevención de lavado (es decir: instituciones financieras, inmobiliarias, etc) ("los Sujetos").
 
La Ley impone a tales Sujetos las obligaciones de: (i)  proceder al congelamiento inmediato de los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de aquellas personas o entidades que surjan de las listas internacionales de personas bajo sospecha -conforme se definen abajo-, e inmediatamente (ii) notificar la aplicación de esa medida al BCU.
 
Quiere decir que los Sujetos, a través de sus respectivos oficiales de cumplimiento, deberán controlar y verificar permanentemente las listas de individuos o entidades asociadas a organizaciones terroristas o vinculadas al financiamiento de armas -confeccionadas por la Organización de las Naciones Unidas-. También deberán revisar la nómina de personas/entidades declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera. Si acaso surgieran coincidencias entre las lista y las personas buscadas, deberá procederse con las medidas antes mencionadas.
 
El congelamiento se mantendrá hasta que la persona o entidad sea eliminada de las listas (o bien cuando el interesado demuestre que en verdad él o ella no son la persona que figura en las listas).

Las sanciones son la ya conocidas: apercibimiento, observación, multa o suspensión del sujeto obligado -sea en forma temporal o definitiva-.
En suma, nuevas cargas, más obligaciones, más costos.

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Concurso de Estancias del Uruguay S.A.

El pasado 27 de noviembre de 2018, el Juzgado Letrado de Concursos de 1er Turno, declaró el concurso necesario de la empresa Estancias del Uruguay S.A., inscripta en la Dirección General Impositiva con el RUT número 215012730018. La empresa se dedica entre otras cosas, a captar inversores para invertir en tierras, ganado y capital circulante en dólares o kilo de novillo gordo. Al día de hoy la empresa se encuentra impedida de celebrar nuevos contratos y contraer nuevas obligaciones. La Liga de Defensa Comercial fue designada como síndico para administrar y disponer de los bienes. La junta de acreedores ha sido convocada para el día 20 de junio a las 14:30 pm. Los acreedores podrán comparecer a denunciar sus créditos hasta el día 6 de marzo de 2019. Bergstein está siguiendo este proceso a través de su Departamento Contencioso. Si Ud. o su empresa mantuvieren créditos pendientes de pago contra Estancias del Uruguay S.A., estamos a disposición para brindar el asesoramiento del caso, y eventualmente promover las medidas que fuere menester tendientes a recuperar su crédito.

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Buena Fe y Derecho Tributario (Una Aproximación a la Jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administra

El pasado 11 de diciembre se realizó la presentación de la obra “Buena Fe y Derecho Tributario (Una Aproximación a la Jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo)” del Dr. Jonás Bergstein. La presentación estuvo a cargo de los profesores Dr. Alberto Faget y Dr. José Gomez Leiza. El acto tuvo lugar en el Auditorio de la Universidad ORT del Uruguay, de la mano de la Ley Uruguaya.”

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