El pasado 4 de junio, el Parlamento aprobó la Ley N° 19.884, que reduce la
alícuota de la Contribución Inmobiliaria Rural, de 1,25% a 1,025% (la “Ley”).
Dicha reducción solo aplicará para el presente año (2020).
A partir de 2020, dicha exoneración tendría una duración de once (11) años. Ello sin perjuicio de la posibilidad de optar por la alternativa de pagar impuesto a una tasa reducida por tiempo indefinido.
Hace tan sólo unos días, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto que actualiza (y amplía) las formas que tienen las personas físicas de obtener la residencia fiscal en Uruguay (el “Decreto”). Las nuevas causales están relacionadas con la inversión en inmuebles y en empresas.
En nuestra pasada edición del mes de mayo, tuvimos oportunidad de analizar los nuevos incentivos fiscales, establecidos en el Decreto N° 38/2020 (el “Decreto”), a efectos de promover proyectos de construcción calificados como de "gran dimensión económica” (los “Proyectos”). Más recientemente, la COMAP --en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas-- emitió una circular (la N° 6/2020) que aclara varios aspectos relacionados con dicho Decreto (la “Circular”).
En contradicción con el Artículo 6 del Código Tributario, Tribunal de Apelaciones impide demostrar mediante testigos la inactividad de una empresa que omitió darse de baja ante DGI y BPS.