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"Pase a Buscar la Liquidación": ¿Configura Despido Indirecto?

En tiempos en que la cultura del trabajo se erosiona día a día, circunstancias menores -un simple comentario, un gesto, una crítica- pueden desembocar en una demanda laboral. Parecería que todo vale a la hora de rehuir al cumplimiento de las obligaciones laborales. Así lo ilustra el caso que hoy comentamos. 

Un individuo, padre de un hijo menor, se desempeñaba en un local de "fast food" de 18 a 22 horas. A efectos de poder cuidar a su hijo, el funcionario solicitó -por WhatsApp- cambio de horario. Su jefe no hizo lugar al pedido, y en su virtud el funcionario respondió que, lamentablemente, debía dejar de trabajar. A lo cual siguió un lacónico: "Ud. sabe lo que tiene que hacer (...) pase a buscar la liquidación". Todo ello por WhatsApp.

El empleado, ni tonto ni perezoso, se presentó a la justicia laboral para invocar despido indirecto y en su mérito reclamar la indemnización por despido.

El Tribunal de Apelaciones del Trabajo rechazó el planteo del empleado. A criterio del Tribunal, la relación laboral finalizó por decisión unilateral del funcionario, ante la denegación de la empresa a su pedido de modificar el horario de trabajo. Sin embargo -razonó el Tribunal-  el empleador no tiene obligación de modificar el horario habitual. De manera que, no habiendo incumplimiento alguno del empleador  -concluyó el Tribunal- el reclamo del funcionario no puede prosperar.


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Toda Coincidencia con la Realidad Corre por Cuenta del Lector: Conflicto de Intereses entre la Función Pública y la Actividad Privada

El Derecho es la mejor herramienta de convivencia social (al igual que la Democracia, no es perfecta, pero aún no se ha inventado nada mejor). Por eso no debe sorprender que los problemas que se suscitan en la vida diaria, encuentren expresión en las sentencias de nuestros Tribunales.
 
El caso que hoy nos convoca tiene que ver con la potencial incompatibilidad de funciones, tal como lo refiere el título de la presente nota. Una funcionaria del Ministerio de Salud Pública (“el MSP”), médica de profesión (“la Funcionaria”), fue cesada de su cargo en ese Ministerio, donde se desempeñaba como supervisora de instituciones de asistencia médica. La razón invocada: había sido dependiente de la Asociación Española ("la Española"), en cuya Dirección Técnica de Farmacias había trabajado.
 
El MSP adujo que los funcionarios con cometidos de dirección superior, no pueden ser dependientes de las entidades sujetas al control del MSP.
 
La Funcionaria cuestionó la decisión: sostuvo que al momento del dictado de la resolución ya no cumplía funciones en la Española y así lo había comunicado a su supervisor en el MSP.
 
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo ("el TCA") le dio la razón a la Funcionaria y en su virtud anuló el acto administrativo. En opinión del TCA, el MSP había sido notificado de la renuncia de la Funcionaria; y no solamente eso, sino que además había acusado recibo por la misma vía. Todo ello, con anterioridad al dictado de la resolución.  El Tribunal ponderó la actitud transparente de la Funcionaria, que antes de aceptar su puesto de trabajo en la Española había consultado el punto con sus superiores en el Ministerio de manera previa y formal. Por añadidura, y ante las idas y vueltas que su conducta había generado, la Funcionaria había optado, por su propia iniciativa, por renunciar a sus funciones “para evitar todo tipo de cuestionamientos”. El Ministerio -concluyó el Tribunal- pudo y debió haber revisado su decisión.  

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Pilipauskas versus Casal – "No es Oro Todo lo que Reluce": La Responsabilidad del Contratista de Fútbol

En épocas en que el deporte maneja cifras millonarias, muchos jóvenes futbolistas (y muy especialmente sus familias) cifran grandes esperanzas en hacer carrera en el exterior. Las perspectivas de fama y dinero resultan seductoras. Excepto que los resultados no siempre se dan y ahí vienen los problemas: ¿quién se hace cargo de las expectativas frustradas?

Hacia fines de la década del 90’, Leonel Pilipauskas militaba en la 1ª divisional de Bella Vista. Se lo consideraba una joven promesa. El Grupo Casal había comprado el pase y había logrado un contrato de trabajo para Pilipauskas (por cuatro temporadas) nada menos que en el Atlético de Madrid. Lamentablemente los resultados no se dieron: el Atlético descendió a la 2ª división española -hecho sin precedentes-, el desempeño del futbolista no satisfizo las expectativas, y el contrato le fue rescindido.

16 años después, Pilipauskas promovió un juicio contra el Grupo Casal. Alegó que los contratistas incumplieron las obligaciones asumidas priorizando sus propios intereses por encima de la carrera futbolística de su representado: el Grupo Casal había cobrado casi € 1,3 millones por la rescisión, mientras que él se había quedado sin trabajo durante seis meses.

En su defensa, el Grupo Casal adujo que el timón de la carrera de los futbolistas es su propio desempeño y no sus contratistas: la actividad del jugador fue “desastrosa” -alegaron- y ésa fue la única y verdadera causa de la rescisión.

La Justicia le dio la razón a Francisco Casal. El Tribunal Civil actuante afirmó que Pilipauskas no pudo probar el dolo alegado en la actuación de los contratistas. En opinión del Tribunal, el accionar de Casal y sus colaboradores fue razonable y acorde a la dificultosa situación deportiva que vivía el futbolista en el Atlético de Madrid. El Tribunal ponderó la conducta del Grupo Casal, que luego de rescindido el contrato consiguió que el futbolista fuera contratado por Peñarol; y por añadidura también le abonó -durante un tiempo- la suma mensual de USD 5.000 para contribuir a sus gastos.

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¿"En la Tapa del Libro"? Entre la Apendicitis y la Peritonitis: La Responsabilidad Médica por Diagnostico Tardío

Desde el año 1896, los tratados de medicina enseñan que no hay tratamiento médico de la apendicitis aguda y que no es suficiente operar; es necesario hacerlo a tiempo. De lo contrario, los resultados pueden ser fatales. Infelizmente, así sucedió en el caso que hoy nos convoca.

En octubre del 2013 un paciente ingresó a la emergencia de una conocida institución médica con fuertes dolores en la zona abdominal. No habiéndose diagnosticado la apendicitis que en verdad estaba padeciendo, y no habiéndose ordenado estudios complementarios, al paciente se le administraron medicamentos para paliar el dolor y se le dio de alta. Al cabo de unos días se desencadenó  una peritonitis desenfrenada, que a la postre resultó en el fallecimiento del paciente. Tenía 51 años de edad y era padre de cuatro hijos.

La Justicia decidió condenar a la institución médica. A criterio del Tribunal Civil actuante, el cuadro del paciente requería de estudios específicos e intervención quirúrgica. Más específicamente, el Tribunal sostuvo que ante la confusión en los síntomas y la dificultad del cuadro, los médicos que atendieron al paciente forzosamente debieron haber agotado todos los medios disponibles para detectar a tiempo el origen de la patología.

El Tribunal fue lapidario: el diagnóstico tardío fue palmario.  Y en cuanto tal, supuso la culpa del médico tratante y por ende la responsabilidad civil de  la institución.

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Más Vale Malo Conocido, Que Bueno Por Conocer: La Herencia y sus Acreedores

La herencia puede ser una verdadera “caja de pandora”: en efecto, puede ser una  tabla de salvación para los herederos en apremio económico; pero también puede transformarse en un dolor de cabeza cuando se desconoce el verdadero patrimonio del causante, o cuando las deudas de éste superan sus activos. De ahí la importancia de institutos jurídicos como la aceptación de la herencia a beneficio de inventario, o la repudiación de la herencia,  que permiten al heredero mitigar su responsabilidad ante los posibles acreedores del causante.

En el caso que hoy nos convoca, y a raíz de severos vicios detectados en la construcción, los co-propietarios de un complejo edilicio promovieron una demanda de daños y perjuicios contra el profesional contratado para la dirección técnica de la obra, un conocido arquitecto de plaza. Según esos co-propietarios, actores en el juicio, los referidos vicios afectaban incluso la estabilidad de la construcción y encarecían drásticamente el mantenimiento del edificio. 

Luego de presentada la demanda  el arquitecto demandado falleció.  La demandada fue contestada por los sucesores del fallecido arquitecto -sus hijos-; excepto que al hacerlo hicieron la salvedad que su firma al escrito de contestación no podía interpretarse en modo alguno como aceptación de la herencia. 

Transcurridos algunos años, y estando ya el juicio en apelación, los sucesores optaron por repudiar la herencia a través de la correspondiente escritura pública.  Acto seguido, procedieron a presentar esa escritura al Tribunal de Apelaciones a cargo del juicio, alegando que, en tanto habían repudiado la herencia, ya no les correspondía responsabilidad alguna por las eventuales deudas del fallecido.   

La parte actora se opuso: en su opinión, la contestación del escrito de demanda había implicado tácita aceptación de la herencia, y en su virtud todos los activos y pasivos del causante se habían transmitido automáticamente a sus sucesores con su fallecimiento.  La repudiación tardía de la herencia  -años después del fallecimiento-  no era otra cosa (en opinión de los actores) que una suerte de insolvencia fraudulenta en perjuicio de los acreedores.

La Justicia le dio la razón a los hijos del arquitecto y rechazó la demanda.  En opinión del Tribunal Civil actuante, la repudiación de la herencia es un acto de entidad tal que no puede tenerse por tácitamente efectuada: requiere forzosamente de escritura pública, tal como sucedió en el caso.  Y aun si así no fuera, la salvedad formulada al tiempo de contestar la demanda, ponía punto final a la discusión.  A lo cual se agrega que la repudiación retrotrae sus efectos al momento del fallecimiento.  De modo que, acaecido éste   -razonó el Tribunal-, y en función de la repudiación, debía concluirse que los repudiantes quedaron completamente excluidos y al margen de la herencia, para todos los efectos.

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