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La Adopción: Cuando el Derecho se Enfrenta a la Justicia

En sus Mandamientos del Abogado, Eduardo J. Couture escribía: “Tu deber es luchar por el Derecho: pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia”. 

Esa tensión aflora con particular intensidad en el caso que hoy nos convoca.

Una niña con severos problemas auditivos fue criada por sus tíos, después de que, por diversas razones, sus padres biológicos no se hicieran cargo de ella. La niña tuvo una infancia normal, rodeada de afectos en el seno de la familia que le diera acogida ("la Familia").  De hecho, ésta se hizo cargo de todos los estudios médicos propios de la dolencia de la niña (algunos de ellos llevados a cabo en Argentina), así como de los cursos que ésta tomó para comunicarse mediante señas. 

En ese contexto, la Familia solicitó la separación definitiva de la niña, para su posterior adopción.  

La Jueza de primer grado denegó la solicitud, amparada en la letra de la ley: “de no resultar posible mantener al niño en su familia de origen, sea esta biológica o extensa, el Juez deberá hacer lugar a la separación de la misma y dispondrá otras formas de inserción familiar”. Vale decir: pueden solicitar la separación (y posterior adopción) quienes no integren la familia biológica ni tampoco “la extensa”. En definitiva, la magistrada actuante sentenció que siendo la tía parte de la "familia extensa", los vínculos de sangre impedían la separación (y posterior adopción). 

El Tribunal de Apelaciones, en un fallo reñido y dividido, revocó la sentencia de primer grado y en su lugar hizo lugar al pedido de separación (y posterior adopción) formulado por la Familia.  En opinión del Tribunal, la adopción por parte de los familiares biológicos involucra un escenario que las leyes uruguayas no previeron a texto expreso, a saber, la adopción por la propia familia de origen.  Ese vacío debe ser llenado -según el Tribunal-, privilegiando el interés superior de la menor.  

A partir de estas premisas, el Tribunal falló que el mejor escenario posible era la continuidad de la niña en la Familia, dando así satisfacción a su derecho a vivir en familia en forma plena. No sería contradictorio -dijo el Tribunal- mantener a la niña en su familia extensa y al mismo tiempo hacer lugar al pedido de adopción.  En opinión del Tribunal, observar ciegamente reglas rígidas, puede tener como consecuencia la distracción del fin último, que no es otro que el interés de los niños.  

El Tribunal planteó la cuestión en sus justos términos: "Está aquí dibujada la contradicción de qué (se debe) privilegiar: si primero están las estructuras jurídicas que construimos los seres humanos para darnos seguridad y previsión en la aplicación del derecho, o bien si, por el contrario, privilegiamos los derechos humanos por encima de las estructuras jurídicas".

En suma, un fallo de vuelo que hace honor a nuestras mejores tradiciones jurídicas.

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Kramer vs. Kramer: El Divorcio y el Régimen de Visitas

El lector memorioso seguramente recordará el aclamado film que le valió a sus protagonistas estelares  -Merryl Streep y Dustin Hoffman- el primer Oscar de la Academia que ambos cosecharon. La película del Director Robert Benton trataba acerca de un divorcio dramático y la encarnizada batalla legal que le siguió por la custodia de su hijo.  

He aquí el tema de la sentencia que hoy comentamos. Y aunque la frecuencia de los divorcios hoy es un dato que nadie discute, la peculiaridad del caso está dada por el planteo de la mujer divorciada: pretendía, ni más ni menos, negar a su ex marido el derecho a ver a su hijo menor. Porque según ella, su ex-esposo no era más que “el progenitor biológico”, que nunca había asumido “responsabilidad de padre alguna, ni moral ni económicamente”.  

El Tribunal de Apelaciones de Familia (“el Tribunal”) entendió que el argumento era sencillamente ilegal. En opinión del Tribunal, querer hacer desaparecer al padre de la vida del niño para insertarlo en el nuevo tejido familiar creado por la madre (que se había vuelto a casar), no tendría otro efecto que ahondar el daño al menor. El Tribunal convocó el principio rector en la materia, a saber, garantizar el interés superior del menor.

En su virtud, el Tribunal afirmó que es fundamental que el niño tome contacto con ambos progenitores, debiendo la Justicia abogar por el derecho del menor a mantener el vínculo afectivo y el contacto directo con ambos padres.  

El Tribunal remató afirmando que la pretensión de ocultar la figura del padre para que se aleje por completo de la vida del menor, desconocía la riqueza que podía significar para el niño encaminar el encuentro con su padre. La pregunta que la Justicia debe responder -reflexionó el Tribunal (con buena dosis de sabiduría)- no es cómo funcionará mejor la vida de la madre, sino qué es lo mejor para su hijo.

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Lo que el Viento No Se Llevó: Las Principales Novedades Legislativas del 2019

Ampliación del plazo de protección de los derechos de autor
En diciembre 2019 el Parlamento aprobó un proyecto de ley por el cual el plazo de protección de los derechos de autor fue extendido a 70 años contados a partir de la muerte del autor. Hasta ahora, ese plazo era de 50 años contados a partir del fallecimiento.
 
Se extiende la nómina de titulares de derechos de autor
También en el pasado mes de diciembre, el Parlamento aprobó un proyecto de ley por el cual se amplió la titularidad de derechos económicos de los autores que participan en las obras audiovisuales, para hacer extensivos esos derechos también a directores, guionistas, músicos, y dibujantes (entre otros). También se reconoció a estos últimos el derecho patrimonial sobre la comunicación pública de sus obras.
 
Tratado de Singapur
En octubre 2019 fue promulgado el Tratado de Singapur, tendiente a facilitar la comunicación entre las diversas oficinas de marcas a nivel mundial, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías aplicadas a los trámites administrativos de registro de marcas. También consagra una serie de reglas básicas aplicables a los trámites administrativos. Aunque muchas de esas garantías en Uruguay ya regían, su aprobación viene a reforzarlas. 
 
En suma, un conjunto de normas que tienden a consolidar la protección de la propiedad intelectual en Uruguay.


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Paperless: Libros Contables en Formato Electrónico

Con el propósito de actualizar los medios admitidos para la conservación y el mantenimiento de los libros de comercio, el pasado 13 de diciembre el Poder Ejecutivo aprobó un Decreto por el cual se autoriza el empleo de documentos electrónicos o digitales en reemplazo de los libros diario e inventario (“el Decreto”).

Vale decir que el Decreto aspira a permitir la sustitución de los ya clásicos libros contables en formato papel, por un soporte informático.

La reciente norma dispone que los documentos electrónicos a presentarse, deberán cumplir con los requerimientos legales en materia de firma electrónica avanzada, a efectos de brindar garantías de fehaciencia.

El mecanismo arriba descripto deberá ser implementado a través de la infraestructura tecnológica que la Dirección General de Registros hubiere de adoptar.

En suma: un paso hacia adelante en el camino hacia un Uruguay sustentable y tecnológico.

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"Si el Cuerpo es Derecho, No Importa que la Sombra sea Torcida”: La Obligación de Confidencialidad y la Competencia Desleal

La competencia es el signo de los tiempos que corren; quizás porque está en la propia naturaleza humana. Pero no todo vale: el fin no justifica el uso de cualquier medio; cuando la competencia se vale de medios arteros o deshonestos, es desleal y como tal ilícita.  Es el caso que hoy nos convoca.

Una empresa dedicada a la publicidad a través de carteles publicitarios (“la Empresa”),  demandó a cuatro de sus empleados (“los Empleados”) por competencia desleal: ocupaban cargos sensibles y estratégicos en la Empresa, y como tales tenían acceso a información confidencial.  Resultó que en un período relativamente corto, se desvincularon de la Empresa, y empezaron ellos mismos un nuevo emprendimiento en el mismo rubro.
 
La Justicia hizo lugar al reclamo de la Empresa.  El Tribunal Civil actuante (que confirmó el fallo de primera instancia) fundó la caracterización de la competencia desleal en la identidad en el giro del negocio montado por los Empleados  -la publicidad a través de carteles-, la inmediatez en el tiempo (entre la desvinculación y el inicio del nuevo emprendimiento) y la calidad de director que uno de los Empleados ocupaba en el nuevo negocio. También destacó las entrevistas que los Empleados habían tenido con clientes de la Empresa –siendo funcionarios de ésta- y que luego pasaron a ser clientes del nuevo negocio. 
 
En virtud de todo ello, la Justicia condenó a los Empleados al pago de una suma varias veces millonaria. No solamente eso, sino que también  -y con singular contundencia-  ordenó el cese de las prácticas anticompetitivas: a saber, abstenerse (entre otros) de contactar directa o indirectamente a clientes de la Empresa (que tuvieran contratos vigentes con ésta), y abstenerse también de utilizar en su provecho o en el de terceros información comercial de la Empresa.
 
En suma: una sentencia moralizadora y ejemplarizante.

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