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Sociedades por Acciones Simplificadas: ¿SAS o el Último SOS?

Días pasados el Parlamento finalmente aprobó la Ley de Emprendedurismo (“la Ley“), que establece el marco jurídico del emprendedurismo: a saber, declara de interés nacional el fomento del emprendedurismo, crea un Consejo Consultivo de Emprendimiento destinado a promover el sector (y la marca URUGUAY EMPRENDEDOR), y crea el Día del Emprendedor, entre otros.

Fundamentalmente, la Ley crea las denominadas  sociedades por acciones simplificadas (“SAS”).  O sea, un nuevo tipo social destinado a simplificar y flexibilizar la constitución y funcionamiento de lo que hoy son las sociedades anónimas (“SA”). Algunas de las principales innovaciones de la Ley se resumen a continuación:

1. Exclusión de las SAS del ámbito de control de la Auditoría Interna de la Nación (cuando los ingresos no sobrepasen ciertos umbrales);

2. Implementación (por el Poder Ejecutivo) de un procedimiento de constitución de las SAS a través de medios digitales;

3. Posibilidad de estipular en los estatutos que: (i)  ciertos porcentajes mínimos o máximos del capital puedan ser controlados por uno o por más accionistas; (ii) existan primas de emisión diferenciales para una misma emisión de acciones; (iii) se consagren acciones de voto singular o múltiple, e incluso sin derecho de voto; (iv) se establezcan restricciones y prohibiciones de negociar ciertas acciones o alguna de sus clases; y (v) la factibilidad de que las reuniones de directores y asambleas de accionistas se celebren a través de videoconferencia o cualquier otro medio de comunicación simultánea (incluso en el exterior).

En suma: la Ley removió algunos de los principales obstáculos que al día de hoy enfrentan las SA.  No es poca cosa.

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Las Zonas Francas y el MERCOSUR: Adiós al Arancel Externo Común

En el año 2015, el Consejo Mercado Común del MERCOSUR adoptó una decisión (la “Decisión”) conforme la cual aquellas mercaderías que ingresen a las zonas francas (“ZFs”) y tengan “origen MERCOSUR” --en otras palabras, sean originarias de países miembros del MERCOSUR o de países que tengan en vigor un acuerdo comercial preferencial con dicho bloque (por ejemplo: Bolivia, Chile, India, Israel, Perú o Sudáfrica)-- no perderán su condición de tales. Dicha decisión entró en vigor recientemente (el 21 de julio de 2019). En consecuencia, y a diferencia de lo que sucedía hasta entonces, dichas mercaderías no serán consideradas como “productos extra-zona”, y estarán exentas del pago del arancel externo común.

Días atrás, un decreto del Poder Ejecutivo (el “Decreto”) dispuso la implementación de la Decisión, y la reglamentación de los llamados “certificados de origen derivados” (“los Certificados Derivados”).  Es decir, los certificados que tienen por finalidad acreditar que las mercaderías referidas en los mismos se encuentran amparadas por un certificado de origen MERCOSUR y han cumplido las demás condiciones requeridas por la normativa para mantener dicho origen.

El Decreto cometió a la Dirección Nacional de Aduanas la tarea de emitir dichos Certificados Derivados, que tendrán un costo aproximado de USD 65 (2 URs). La solicitud del Certificado Derivado será realizada por el despachante de aduana o por el usuario de ZF, acompañando --entre otros-- los siguientes documentos: (a) el conocimiento de cargo de ingreso, (b) el certificado de origen original, (c) la factura comercial consignada en dicho Certificado de Origen, y (d) la factura comercial a consignar en el Certificado Derivado.

En suma, una buena noticia para un sector cuyo marco legal ha sufrido tantos cambios en los últimos años.
 

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Malpraxis Médica. Una Impericia que Le Costó un Riñón

Una adolescente de 17 años padecía molestias en la zona renal.  El médico de guardia le explicó que se trataba de “un simple quiste” sin mayor riesgo.  Las molestias persistieron y los dolores se intensificaron.  La paciente volvió al sanatorio.  Pese a los antecedentes, y sin mirar la historia clínica, los médicos tratantes le prescribieron anti-bióticos una y otra vez y despacharon a la joven a su casa.  El ida y vuelta del hogar al hospital se repitió durante varios días, hasta que el estado de la paciente hizo crisis: fue intervenida quirúrgicamente de urgencia y a la postre se le extirpó el riñón derecho.

La paciente y su madre presentaron una demanda millonaria contra todos los médicos que habían efectuado los diagnósticos iniciales.  En primera instancia, los médicos prevalecieron a partir de una pericia que les había sido favorable.  Pero en segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones ordenó una segunda pericia y revocó el fallo de primer grado. 

He aquí la singularidad de la especie: ¿cómo proceder ante dos pericias médicas absolutamente contradictorias?

El punto fue analizado con rigor por la Suprema Corte de Justicia “la SCJ”), que fue lapidaria a la hora de valorar la sentencia del Tribunal.  En opinión de la SCJ, ante la existencia de dictámenes contrapuestos, el Tribunal pudo y debió fundar doblemente su decisión y extremar la argumentación para fundamentar por qué desechaba una de las pericias en favor de la otra. Sin embargo, el Tribunal optó por el atajo, sin explayarse en los motivos concretos por los cuales se prefería una de las dos pericias. 

Las expresiones de nuestro máximo órgano judicial fueron durísimas: el Tribunal “no expresó las razones de su preferencia, y la conclusión que es su resultado  -la sentencia, puntualizamos nosotros-  puede calificarse como ilógica, absurda o arbitraria”.  Razones todas ellas por las cuales la Corte no vaciló en anular la sentencia del Tribunal. 

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Se Abrió la Caja de Pandora: La Identificación del Beneficiario Final y la AIN

El lector memorioso no olvidará la fecha: 30 de junio de 2018. En esa fecha venció el plazo para cumplir la obligación de comunicar el beneficiario final -persona física- al Banco Central del Uruguay (el “BCU”).
 
Para entonces no se tenía una clara idea de cómo el sistema habría de funcionar. Hoy ya tenemos una noción bastante más afinada: en las últimas semanas, la Auditoria Interna de la Nación (la “AIN”) ha promovido una ola masiva de inspecciones.
 
Esencialmente, la AIN procura determinar si las entidades obligadas -terminología tan en boga en estos días- cumplieron con su obligación de comunicar al BCU el beneficiario final (o en su caso, proporcionaron al BCU la información que pudiere haber correspondido).
 
En ese diálogo de ida y vuelta entre las empresas y la AIN, algunas dudas han comenzado a decantarse.  ¿Cuál es el alcance de las facultades de fiscalización de la AIN? ¿Qué derechos y obligaciones tienen los sujetos obligados ante una fiscalización de la AIN? ¿Qué medios de defensa tiene un sujeto obligado ante la pretensión de la AIN de aplicar una sanción? ¿Cómo interactúan la AIN y el BCU? ¿Intercambian información? ¿Qué tipo de información?
 
Cualquiera sea la respuesta a estas preguntas, hay una conclusión que parece abrirse camino: la confidencialidad de ciertas informaciones proporcionadas al BCU hoy, está en tela de juicio.
 
Sobre éste y otros temas ampliaremos en futuras entregas. Las circunstancias así lo imponen.

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El Crowdlending: ¿La Socialización del Capitalismo?

El crowdlending es una modalidad de financiación colectiva en la cual el o los promotores de proyectos, mediante convocatoria pública y abierta, solicitan financiación de particulares. Vale decir que la plataforma facilita operaciones de préstamo entre un conjunto de personas deseosas de captar fondos (los promotores de proyectos que son los tomadores de préstamos), y otro conjunto de personas dispuestas  a prestar dinero (los crowdfunders o prestamistas).

En Uruguay, el Banco Central del Uruguay (“BCU”) reglamentó estas plataformas en Noviembre del año pasado, oportunidad en la cual creó las llamadas empresas administradoras de plataformas de crowdlending. Estas han sido definidas como “aquellas personas jurídicas que administren aplicaciones web u otros medios electrónicos diseñados para mediar entre oferentes y demandantes de préstamos de dinero”.

Deben organizarse como sociedades comerciales y sus socios deben ser personas físicas. No asumen obligación o riesgo alguno: se limitan a aproximar a las partes. 

Para poder operar como tales, los prestamistas deben cumplir con ciertas condiciones establecidas en la reglamentación;  son ellos quienes asumen el riesgo de pérdida total o parcial del capital prestado (dado que son ellos quienes tienen la obligación de proveer los fondos al prestatario).

Los préstamos se conciertan caso a caso, por decisión de las partes adoptada en base a la información que debe estar disponible en la plataforma virtual.

Estas plataformas pueden prestar servicios accesorios tales como, conservación de la documentación correspondiente a los préstamos otorgados, calificación crediticia de los demandantes de préstamos que impliquen un juicio acerca del riesgo de cada préstamo.

Previo al inicio de actividades, deben registrarse en el registro de empresas administradoras de plataformas para préstamos entre personas especialmente creado por el BCU a estos efectos.


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