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Escribe Claro, Piensa Claro – La Carga de la Claridad de la Demanda

Un antiguo aforismo del mundo del Derecho, reza que quien escribe claro, piensa claro. La referencia viene a cuento de aquellas demandas en que más allá de dejar claro que hay un sujeto que está demandando a otro, son inespecíficas a la hora de explicitar el motivo del reclamo. El caso comentado en esta oportunidad lo ejemplifica cabalmente. Una renombrada empresa tabacalera de plaza fue severamente multada por el Ministerio de Salud Pública (“el Ministerio”) por incumplir las normas vigentes de publicidad de tabaco y cigarrillos. Más precisamente, un salón con local abierto a la calle (Av. Rivera), contaba con una amplia marquesina exterior, con el nombre, logo, terminología, colores y señales distintivas de una conocida marca de cigarrillos. Y dado que el fabricante es responsable por las violaciones a la reglas de publicidad anti-tabaco, el Ministerio le multó, partiendo de la premisa que, en tanto fabricante, sería una empresa naturalmente solvente. Interpuestos los recursos administrativos correspondientes ante el Ministerio, la tabacalera promovió una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (el “TCA”) (en aras de dejar sin efecto el acto administrativo que le impuso la multa). En su defensa, el Ministerio alegó precisamente que el fabricante es el principal responsable por todos los medios de publicidad y promoción de los productos de tabaco y como tal debe responder. El TCA rechazó la demanda y le dio la razón al Ministerio. Pero lo curioso del caso está en el fundamento del fallo: el TCA no rechazó la demanda por los argumentos en ella expuestos, sino más bien por su falta de argumentos; esto es, por no haber explicado las circunstancias de hecho ni fundamentos de derecho que sustentaban la demanda. EL TCA remató con las palabras de un recordado magistrado compatriota: “Una demanda anulatoria que no indica la lesión que le provoca el acto (…) en forma clara y concreta, (…) exterioriza manifiesta infundabilidad de la pretensión”.

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El Informe País por País en Uruguay: En Breve Comienza a Implementarse

Las empresas multinacionales, instaladas en Uruguay, tienen plazo hasta el próximo 31 de marzo para presentar --ante la DGI-- información sobre todas sus sucursales y otras entidades vinculadas alrededor del mundo. Dicha información deberá incluirse en el denominado “Informe País por País” (el “Informe”), exigido por la OCDE. La obligación de presentar dicho Informe está limitada a aquellas empresas multinacionales que generen ingresos anuales --a nivel global-- superiores a los EUR 750.000.000. Cuando sus ingresos superan dicho guarismo, las empresas multinacionales deberán presentar (en Uruguay) el Informe País por País, siempre y cuando dicho mismo Informe no haya sido presentado en alguna otra jurisdicción con la que Uruguay mantenga en vigor un acuerdo de intercambio de información. Para la eventualidad que el Informe hubiere sido presentado en otra jurisdicción con la que Uruguay intercambia información, las empresas multinacionales deberán presentar (sustitutivamente, y también antes del 31 de marzo) una declaración jurada --ante DGI-- a efectos de identificar: (a) la entidad encargada de presentar el Informe, (b) la entidad controlante del grupo multinacional, y (c) las demás entidades del mismo grupo radicadas en Uruguay (en la medida que las hubiese).

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“Aún No Conozco a mi Nuera, Pero por las Dudas, Ya No Me Gusta”: Conflictos Sucesorios entre Suegra y Nuera

Los conflictos con los familiares políticos -léase suegro, suegra, yerno, nuera, etc.- han acompañado a la humanidad desde épocas inmemoriales. De hecho, al decir figurado del Rabino Eliezer Shemtov, si es verdad que el primer hombre -Adán- vivió nada menos que 930 años, ello se debió, ante todo, a que no tenía suegra … (Porque de haberla tenido -reflexiona el Rabino- con seguridad habría vivido no menos de aproximadamente 1.100 o 1.150 años!). Esas relaciones conflictivas no han escapado a los estrados judiciales. La sentencia que hoy comentamos pertenece a ese género. En 1962, una señora ampliamente conocida en los círculos de la sociedad montevideana de la época -que a la postre resultó ser la demandante en el juicio- había donado a uno de sus hijos una parte de las acciones de un conocido canal de televisión. Sucedió que en el año 2003, el hijo, donatario de las acciones donadas y distinguido empresario de la prensa televisiva, falleció sin dejar descendencia. Para entonces, el donatario y su esposa hacía años estaban en posesión de las acciones donadas y en su virtud venían percibiendo pacíficamente los dividendos de esas acciones. En el 2007, luego de transcurridos 45 años de la donación, la madre del donatario (fallecido) demandó a su nuera para reclamar la restitución de las acciones donadas junto con las ganancias -acaso millonarias- que las acciones habían generado a partir de la muerte del hijo fallecido en el año 2003. El asunto llegó a nuestra Suprema Corte de Justicia (“la Corte”) que le dio la razón a la parte actora. Esto es, la Corte mantuvo la condena dictada contra la viuda (demandada en el juicio) a efectos de que proceda a la restitución de las acciones, dividendos e intereses hasta la fecha de su efectiva devolución. La Corte sostuvo que las donaciones realizadas en favor de un heredero forzoso, se presumen efectuadas en calidad de anticipo a cuenta de la legítima o cuota hereditaria (salvo que expresamente se hubiere estipulado que la donación corresponde a la parte de libre disposición). Por tanto, agregó la Corte, si el donatario falleció antes que el donante, desapareció su calidad de heredero forzoso, y en consecuencia la donación se resolvió automáticamente con su fallecimiento. En cuya virtud, los bienes entregados deben restituirse al donante.

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El IRPF y las Rentas del Exterior: Próximo Vencimiento

Entre el 7 y el 15 de mayo de 2019 vencerá el plazo para la presentación de la declaración jurada y pago del IRPF sobre las rentas de fuente extranjera. Este vencimiento se aplica a aquellos contribuyentes que hubieren optado por pagar el impuesto anónimamente, es decir, a través de una entidad offshore –de baja o nula tributación-- que haya designado en Uruguay un representante para fines tributarios. Conviene recordar que a partir del ejercicio 2017 se amplió el espectro de rentas de fuente extranjera gravadas por el IRPF: en los casos en que la persona física residente utilice un vehículo en una jurisdicción de baja o nula tributación para canalizar sus colocaciones en el exterior, el IRPF ha incluido también a los rendimientos de capital inmobiliario (por ejemplo: alquileres de inmuebles en el exterior) y los incrementos patrimoniales (como las ganancias derivadas de la venta de activos en el exterior, activos financieros incluidos). Los contribuyentes que liquiden el impuesto en forma personal, esto es, a nombre propio (y no a través de una entidad offshore de baja o nula tributación), deberán presentar la correspondiente declaración jurada entre el 27 de junio y el 26 de agosto de 2019, junto con las demás rentas de fuente local sujetas a IRPF.

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La Graduación de las Multas Administrativas: ¿Discrecionalidad, Arbitrariedad o Mera Recaudación?

Vivimos en la era de los registros. Todo es objeto de registraciones múltiples, llámese inscripción de estados contables, registro de beneficiarios finales, o inscripción de “sujetos obligados” en materia de prevención, por citar algunos de los ejemplos más salientes. Esas obligaciones no vienen solas. Porque su incumplimiento conlleva sanciones, a veces muy gravosas. Por eso la consulta profesional es recurrente: ¿a qué sanciones me expongo? ¿a cuánto puede ascender la multa? Y es aquí donde la respuesta del abogado resulta ineludiblemente vaga. Porque las normas que crean esos registros suelen establecer un amplio margen de discrecionalidad de la Administración (para la imposición de penalidades), que fija la sanción moviéndose entre mínimos y máximos con bastante laxitud. El caso que nos ocupa trató estas cuestiones. Una conocida empresa de plaza sufrió una inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (“MTSS”). Constatado un apartamiento de la empresa – en el caso: a las normas de higiene laboral – el MTSS le impuso una abultada multa. La empresa se agravió esgrimiendo que el Ministerio había ido directamente a la multa, cuando en verdad la ley prevé un orden de prelación de sanciones (de menor a mayor) que debió haberse respetado: apercibimiento, amonestación multa y sanción. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (“el Tribunal”) rechazó el agravio y le dio la razón al Ministerio. En opinión del Tribunal, la graduación de la sanción es materia que cabe dentro del margen de discrecionalidad de la Administración. Por tanto, basta que la sanción atienda mínimos parámetros de razonabilidad, para que se tenga por válidamente impuesta.

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