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Los Gestores de Portafolios: ¿Un Nuevo Corset?

Al igual que sucede con los límites que separan la oferta pública de valores de la oferta privada, los contornos de las diversas actividades de asesoramiento financiero enmarcadas el ámbito de la banca privada -representaciones, intermediarios de valores, asesores de inversión, etc.-, han sido objeto de controversia permanente. ¿Pueden organizar seminarios? ¿Pueden auspiciar un evento? ¿Pueden recoger los formularios de apertura de cuenta? ¿Están obligados a informar a la DGI los saldos en cuenta en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el intercambio automático de información?
 
En ese marco, una reglamentación del BCU de Enero del presente año ha creado la figura del llamado gestor de portafolios.  Esa misma reglamentación ha definido al gestor de portafolios como aquella persona que, en forma profesional y habitual, administra -de manera discrecional e individualizada - las inversiones de terceros, con poderes suficientes para ello, y sin encontrarse alcanzada por otra figura supervisada por el BCU. 
 
Quiere decir que el gestor de portafolios, además de brindar un asesoramiento, puede gestionar portafolios de clientes y canalizar sus órdenes de clientes.  Tareas éstas que están vedadas al asesor de inversiones.
 
Por lo mismo, en la medida en que el espectro de actividades del gestor de portafolios es más amplio, las exigencias para otorgar la respectiva licencia son mayores, y mayores son también sus responsabilidades.  Sólo pueden ser gestores de portafolios las sociedades comerciales -excluyéndose pues a las personas físicas-, otra circunstancia que distingue a la figura de los asesores de inversión-.
 
En paralelo, la misma reglamentación ha otorgado a los asesores de inversión, un plazo  -vencido el pasado 30 Junio 2019-  a efectos de adecuar su actividad al nuevo marco, es decir, a efectos de que el asesor de inversiones excluya de su espectro de actividades aquellas que ahora caracterizan al gestor de portafolios, a saber, la gestión de inversiones y la canalización de órdenes de compra.
 
En suma, algo más de lo mismo: nuevas regulaciones  -y mayores costos- en el ámbito de la alicaída industria financiera.  

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¿De Qué se Trata la Ley de Medios? – Se Reglamentó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Un par de semanas atrás fue reglamentada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (“la Ley”) promulgada hace más de cuatro años y objeto de gran controversia en la opinión pública. De hecho, luego de sancionada la Ley, varios de sus disposiciones fueron blanco de múltiples acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (“SCJ”) -algunas de las cuales fueron favorablemente acogidas - invocando que la Ley pone en jaque derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de trabajo o el principio de igualdad.  
 
Nuestra pregunta es mucho más simple: ¿qué es la Ley de Medios? Es la ley que establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en Uruguay, regulando sus contenidos, y su publicidad. También pone un límite a la cantidad de medios de comunicación que una misma persona o personas pueden poseer, con miras a evitar la concentración de la titularidad de esos medios en pocas manos.
 
La reglamentación de la Ley –que consta de casi 90 artículos- ha disciplinado una multiplicidad de aspectos concretos, algunos de los cuales reseñamos a continuación: la promoción de contenidos dirigidos a la infancia y a adolescencia; la obligación de los servicios de TV abierta de incluir en un recuadro (dentro de la imagen) un intérprete de lengua de señas en tiempo real; para ciertas actividades internacionales oficiales, se establece la obligatoriedad de difundir en vivo y en directo las instancias finales y semifinales en que participe la selección nacional; la obligatoriedad de incluir un cierto porcentaje de contenidos de producción nacional, tanto en la programación radial como en la televisiva, entre otros temas.
 
Es posible que la reglamentación que hoy comentamos haya arrojado algo de en torno a algunos puntos de la Ley; pero con seguridad ha creado otras tantas cuestiones que darán para mucho más.

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La Palabra Mágica: Compliance – Reglamentación de la Ley contra el Terrorismo

Si 15 años atrás hubiéramos mencionado a un abogado la palabra “compliance”, con seguridad nos habría dicho que jamás había escuchado esa expresión.  Hoy es el pan nuestro de cada día.
 
La reflexión viene a cuento de la publicación  -semanas atrás-  de la reglamentación de la Ley contra el Terrorismo, oportunamente comentada desde este mismo Newsletter.  En aquella ocasión decíamos que la Ley ponía énfasis en las listas internacionales de personas bajo sospecha, fundamentalmente por estar asociadas a organizaciones terroristas o vinculadas a la financiación de armas. La Ley imponía a los “sujetos obligados” la obligación de proceder al congelamiento de los fondos de las personas que estuvieren incluidas en las famosas listas (y con quienes el “sujeto obligado” trabare relación).
 
El reciente Decreto precisa algunos aspectos de esa obligación, tal como se detalla seguidamente.
 
El Decreto impone a los “sujetos obligados” la obligación de controlar y verificar continuamente las listas de ONU de personas bajo sospecha (y sus recurrentes modificaciones y actualizaciones).  Esas listas serán de consulta pública a través de la página web del BCU y de la SENACLAFT.  Si en el curso de su actividad los "sujetos obligados" identificaran una persona incluida en esa lista, los "sujetos obligados" deberán congelar los fondos de esas personas, y comunicarlo de inmediato al BCU, que a su vez lo informará a la Justicia para que ésta ordene el mantenimiento del congelamiento (o en su caso su finalización).
 
El Decreto detalla los casos excepcionales en que la Justicia podrá autorizar el acceso a los fondos congelados –por ejemplo: para cubrir necesidades básicas de la persona identificada o de sus familiares-.  Y también especifica los casos en que se debe proceder al descongelamiento (así, cuando la persona es excluida de las listas de la ONU).

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Asesores de Inversión Bajo Fuego: El Próximo Vencimiento del 30 Junio

El próximo 30 de Junio vence el plazo de que disponen los asesores de inversión para presentar al Banco Central del Uruguay (“el BCU”) una declaración jurada en el sentido de que las actividades que despliegan se encuentran incluidas o se corresponden con el marco de la licencia de que gozan.
 
Esta exigencia va de la mano de la reglamentación del BCU del pasado mes de enero que creara la figura de los llamados gestores de portafolios.
 
A los efectos de deslindar el espectro de actuación del asesor de inversiones -y asegurarse de que la actividad de estos no “invada” la esfera de actuación reservada a los gestores-, la reglamentación antedicha obligó a estos a cesar en la realización de actividades que no se ajusten a su licencia.  La misma reglamentación impuso a los asesores la obligación de presentar -no más allá del 30 junio 2019-  una declaración jurada en el sentido de que la actividad que se encuentran desarrollando se ajusta a los límites propios de su licencia. 
 
Si éste no fuere el caso, los asesores de inversión deberán solicitar al BCU la autorización correspondiente para adquirir la calidad de gestores de portafolios.

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Padre Hay uno Solo, Madres a Patadas: La Licencia por Paternidad

Los hechos son bastante claros: un padre soltero, funcionario de la Administración Nacional de Puertos (“la ANP”), solicitó a esa Administración -luego de terminada su licencia por paternidad-, una licencia especial para el cuidado de su hijo nacido con bajo peso.  La ANP rechazó la solicitud, y, en su lugar, le ofreció un abanico de opciones: así, le planteó que hiciera uso de una licencia sin goce de sueldo por seis meses, o bien que usufructuara su licencia anual reglamentaria o bien que solicitara 30 días de licencia por enfermedad de un familiar; opciones todas ellas que el funcionario rechazó.
 
En ese contexto, el padre promovió una acción de amparo  -verdadera vedette de la actual jurisprudencia-  para pedir a la Justicia que exigiera a la ANP dispensar (al funcionario) una licencia especial por paternidad, equiparable en todos sus términos a la licencia maternal.
 
Tras un largo periplo procesal -¿quién debía asumir competencia:  el Juez civil, el laboral …?- un Juzgado Letrado de Familia le dio la razón al padre y en su virtud acogió la acción de amparo; es decir, condenó a la ANP a otorgar al padre una licencia en términos similares a los de la licencia maternal.
 
En su sentencia, el Juez actuante asignó prioridad a un principio que estimó decisivo: el interés superior del menor.   A partir de ese punto de partida, el Juez consideró que el cuidado del padre era imprescindible para el desarrollo del niño. Entre otros argumentos, el magistrado señaló que era necesario propiciar mecanismos que promovieran la distribución igualitaria de tareas de cuidado de los hijos, so pena de vulnerarse el derecho a la igualdad.  En esa misma línea, el Juez afirmó que los padres tienen  un derecho al disfrute y cuidado de sus hijos en forma similar a la establecida para las madres; de no concederse la licencia especial solicitada, el sistema legal estaría cohonestando un trato desigual, carente de justificación razonable y que lesiona los derechos del niño.
 
En síntesis, una sentencia vanguardista que, a no dudarlo,  servirá de punta de lanza para nuevos desarrollos de la jurisprudencia uruguaya.

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